lunes, 6 de septiembre de 2010

MOVILIDAD HUMANA

MIGRACIÓN: ¿Qué estamos haciendo?

De acuerdo a datos extraoficiales proporcionados por diferentes fuentes de información e investigación, aproximadamente dos y medio a tres millones de Bolivianos se encuentran fuera de nuestro país como efecto de la Migración masiva que se ha venido dando en forma permanente, profundizándose durante los últimos 25 años, es decir, a partir de la implementación del modelo neoliberal que logró cambios de gran trascendencia no sólo en las relaciones económicas y de producción, sino también en las estructuras de carácter social, debilitando los principios de solidaridad y marginando a grandes sectores de la sociedad provocando una situación de inhumana pobreza que se manifiesta en el desempleo, subempleo , inestabilidad laboral, inseguridad, imposibilidad de acceso a la salud, a una vivienda digna, así como a la educación y formación profesional de los hijos. Sin embargo, tal situación no ha cambiado para la mayoría de las personas que abandonaron su tierra y su familia en busca de la tierra prometida, es decir, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, por el contrario se ven obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud sometidos a una serie de humillaciones y atropellos como la sobreexplotación, discriminación, exclusión y xenofobia, vulnerando sus más elementales derechos, al extremo que hoy se encuentran con la amenaza de ser detenidos y deportados en aplicación de la Directiva de Retorno en los Países de la Unión Europea.

En este contexto, la Pastoral de Movilidad Humana, más allá del servicio que viene prestando a Migrantes (Internos o externos), familiares de migrantes, migrantes retornados y potenciales migrantes, mediante la acogida, acompañamiento, atención social integral, orientación psicosocial y espiritual y asesoramiento; ve con profunda preocupación la ausencia de acciones más decisivas para el establecimiento de Políticas Migratorias concretas que garanticen el libre ejercicio de sus derechos a quienes sin dejar de ser bolivianos se encuentran en diferentes lugares de destino. Si bien en el actual proceso de cambios se ha tomado en cuenta el derecho al voto de los migrantes y al presente se esta trabajando en la elaboración de una Ley Migratoria, aún no se han tomado los recaudos necesarios que garanticen plenamente el ejercicio de sus derechos económicos y sociales y menos para un posible retorno masivo; lamentablemente la realidad nos muestra que si esto ocurre, no existirán las mínimas condiciones para acogerlos y menos restablecerlos en el país, nos basta citar un solo ejemplo: Algunos meses atrás retorno de Polonia uno de nuestros compatriotas con el deseo de restablecerse y trabajar en la profesión que logró adquirir en su condición de migrante y posteriormente traer a su familia (Esposa e hijos nacidos en Polonia) , sin embargo, todos los esfuerzos que hizo para tal efecto fueron inútiles, no encontró trabajo, y tampoco logró establecerse en una vivienda digna y menos pudo traer a su familia por lo que tomo la decisión de volver a Polonia para quedarse ahí definitivamente; si esto ocurrió con una persona, que ocurriría si son miles los bolivianos que se ven obligados a retornar y sin las posibilidades de volver al país de destino, como lo hizo el que retorno de Polonia? ¿Las instituciones públicas y la sociedad civil estamos preparados para cuando eso ocurra? Lo cierto es que muchos bolivianos y bolivianas aún siguen saliendo del país, unos cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por ley, otros de manera irregular, pero en ambos casos sin saber cual la nueva realidad a la que tendrán que enfrentarse
Por otro lado, no debemos perder de vista un nuevo fenómeno que preocupa investigadores, científicos, Instituciones públicas y privadas gobiernos y la humanidad toda, el de los Cambios Climáticos que recientemente en el mes de Abril fue objeto de una Conferencia Mundial de los Pueblos con el propósito de promover iniciativas concretas para contrarrestar dichos cambios como del calentamiento global.
La serie de acontecimientos y desastres que nos depara la naturaleza como grandes inundaciones, sequías, falta de agua potable y la consecuente escases de alimentos darán lugar a grandes movimientos humanos que se convertirán en verdaderos éxodos de un territorio a otro, nuevamente en busca de mejores condiciones de vida pudiendo ser nuestro país entre otros, uno de los lugares en los que cientos de familias buscaran ser acogidos por las características que aún conserva nuestra naturaleza.
Esta realidad nos plantea nuevos desafíos que no se limitan a la elaboración de una Ley Migratoria o al establecimiento de Políticas estrictamente migratorias, sino a la búsqueda de verdaderas medidas de previsión mediante políticas de empleo, políticas agropecuarias, políticas de incentivo a la inversión de las remesas, acuerdos y convenios internacionales que de manera compartida asuman la responsabilidad de velar sobre todo por el bienestar de las personas, se encuentren donde se encuentren, toda vez que es también de vital importancia asumir que de la misma manera que reclamamos por el respeto a los derechos y dignidad de nuestros compatriotas bolivianos que se encuentran en los diferentes países de destino, nosotros debemos estar dispuestos y preparados para acoger y respetar los derechos y la dignidad de quienes vienen a nuestra tierra en condición de inmigrantes.


PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
Arquidiócesis de La Paz
aldopasqua@hotmail.com

jueves, 26 de agosto de 2010

Asamblea plurinacional de niños, niñas y adolescentes

Hablando en serio
Pequeños en edad, grandes en propuestas

“Yo no sé que tendrán los adultos con los niños que no nos hacen caso.” Jorge Oliva, 12 años, diputado por Santa Cruz.

La mirada adultocentrista que prima en nuestro pensar y accionar como adultos, nos priva ver el maravilloso mundo de los niños, niñas y adolescentes, que no solo desde sus actividades propias de la infancia, sino también, desde sus interpretaciones y análisis de su entorno, nos generan significativos aprendizajes.

“Los adultos deberían pensar más en nosotros y no esperar a que estemos defendiendo nuestros derechos.” Gloria Carrasco, 16 años, Senadora por Santa Cruz.
La Asamblea Legislativa de Niños, Niñas y Adolescentes, es una experiencia de participación democrática impulsada por la Alianza Boliviana con la Niñez y la Adolescencia (ABNA) conformada por varios organismos no gubernamentales, entre ellos, Visión Mundial y Plan Internacional, que desde su trabajo prioritario por el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, vienen acompañando este proceso.

“Cuando crearon el Parlamento infantil los chicos decían ¿Qué valor va a tener nuestra palabra? y negociaron con los adultos”. Fernando Rivero (Visión Mundial Bolivia). Esta negociación, implica que todas aquellas propuestas o proyectos presentados por la Asamblea de NNA son registrados en acta para ser presentados a los diputados y éstos a su vez, al Plenario, y “resulta que los chicos habían sido generosamente productivos, e hicieron 130 propuestas nacionales, de las cuales 13 fueron tomadas en cuenta como leyes o decretos. Un ejemplo, es el Bono Juancito Pinto”, indica.

“Nos gustaría que realmente revisaran los proyectos que realizamos y los pongan en práctica para que no sea un teatrito”; nos manifiesta Alex Sossa diputado por Tarija. Es una necesidad latente de niños, niñas y adolescentes el ser escuchados y tomados en cuenta, considerar sus propuestas, inquietudes que nacen de un compartir con sus pares, con sus comunidades y colegios. Y como dice Jorge: no se qué tenemos los adultos con los niños que nos les hacemos caso.

Sin embargo, a pesar de esta estructura adultocentrista, existen experiencias en algunos departamentos como Cochabamba y Tarija que destinaron fondos de apoyo para la organización y trabajo de las Brigadas parlamentarias de niños, niñas y adolescentes. Es el gobierno municipal el que paga a los representantes para que vayan a la Asamblea y para que asistan a las reuniones nacionales; en el resto de los departamentos, son las Ong’s que todavía deben cubrir con los gastos.

La institucionalización es una demanda legítima de la Asamblea de NNA, esto significa, dejar de depender del apoyo de las Ong´s y que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a tener Brigadas departamentales y todo cuanto implica este proceso democrático.

Los niños, desde su propia perspectiva, nos han enseñado que para ser elegidos, no utilizan el mismo sistema de los adultos. Ellos primero elaboran propuestas que son trabajadas en sus grupos naturales ‘nace de ellos’, de un proceso de consultas internas y estas propuestas luego las defienden en la asamblea departamental.

“En ellos podemos ver un nuevo modo de crecer en democracia, la idea es ir creando de a poco, con ellos, un espacio democrático”. Afirma Fernando.

La Asamblea de Niños, Niñas y Adolescentes, es un espacio de ejercicio ciudadano, de respeto mutuo, de conocer y sentir las necesidades de sus pares y por sobre todo, de asumir una actitud propositiva frente a los problemas encontrados. Se constituye para los adultos, en un reto de mirar dentro suyo y reaprender aquellos valores de tolerancia, escucha, confianza y transparencia que con el pasar de los años y la “experiencia” se han ido perdiendo o transformando.

Por:Loyda Gorriti

Sociedad que INSPIRA

jueves, 8 de julio de 2010

Zafra de la Castaña y Explotación Infantil


Repican las Castañas

Explotación infantil y paradoja de la economía amazónica.

Son personas subsumidas mostrando vulnerabilidad, bajo el dominio cultural adultocentrista, con padres y madres que reproducen sobre ellos un modelo patrimonialista, involucrándolos en escenarios laborales de alto riesgo, propiciado por lógicas empresariales deshumanizantes.



Este es la situación lamentable y vergonzosa que atraviesan los niños, niñas y adolescentes que, en cifras altísimas, representan un 52% de la población dedicada a la explotación de la castaña, en la regiones del Beni y Pando, zonas estratégicas, que irónicamente ubica a Bolivia, como líder en la exportación de castaña sin cáscara en el mundo y articula, en esta ‘cadena productiva’, a una red empresarial que viene cosechando gran rentabilidad bajo costos sociales que reproducen brechas intolerables de ilegalidad.

El proceso productivo de la castaña compromete a una población amazónica total de 46,697 habitantes dedicados tanto a la zafra como al beneficiado de la castaña. La modalidad de trabajo, en el mejor de los casos, es la subcontratación, mecanismo que permite a los empresarios reducir sus costos en mano de obra, pues, es sabido que quien asume el contrato o se hace cargo del trabajo asignado es el varón o jefe de hogar, sin considerar que lleva consigo a todo su familia para el cumplimiento esta obligación asumida. Así, el contratista no mantiene una relación laboral directa y le significa a este menor responsabilidad empresarial en el pago de beneficios y condiciones laborales; y desde luego, para el subcontratado implica total inseguridad laboral y renuncia de una serie de derechos, a los que podría tener acceso bajo un régimen laboral legal.

A pesar que los niños, niñas y adolescentes representan más de la cuarta parte del conjunto de zafreros o recolectores, solo son considerados como “acompañantes” y no están registrados como parte de la fuerza de trabajo; por lo tanto, su participación es invisible y encubierta por el aparente cumplimiento de las normas que prohíben el trabajo infantil y adolescente.

La incidencia de pobreza en esta zona castañera alcanza a un 80% de la población, y es importante considerar que existen factores culturales que exacerban la explotación infantil, pues la pobreza viene acompañada de una arraigada cultura del trabajo infantil, reproducida y codificada de generación en generación.


Inspira considera esta compleja problemática como inadmisible y de responsabilidad compartidas entre el Estado, los empresarios castañeros y padres y madres de familia, que empujan a niños, niñas y adolescentes a ser la parte más débil de esta cadena sistemática de explotación. Creemos también, que bajo la justificación de la pobreza y por la alta demanda de mano de obra no calificada en la zafra y beneficiado de la castaña y por la alta rentabilidad de este producto, se continuará legitimando esta explotación. Es ineludible constituir esta realidad en asunto de altísima responsabilidad del Estado, para eliminar progresivamente los vacíos legales y la inercia del sistema judicial, anular la permisividad cultural, extirpar la insensibilidad empresarial y las ausencias históricas del Ministerio Público y por ende desterrar la raíz de este sistema de indefensión y pobreza en nuestra amazonía.


Población infantil y adolescente que trabaja en la zafra
692 niños y niñas de 7 a 9 años.
1913 niños y niñas de 10 a 13 años.
2066 adolescentes de 14 a 17 años.
Población infantil y adolescente que trabaja en el beneficiado
439 niños y niñas de 7 a 13 años
1374 adolescentes de 14 a 17 años


jueves, 10 de junio de 2010

Lanzamiento de la publicación Nº 3


Ya se encuentra en el mercado nacional la tercera publicación de Sociedad que Inspira, ofreciendo a nuestros lectores temáticas relevantes en el acontecer nacional; como reflexiones sobre los derechos humanos en Bolivia a partir del Informe del Alto Comisionado para los DD.HH de la ONU, tópicos vinculados a problemáticas ambientales como la contaminacíón por pilas y baterías, contamincación por basura tóxica como las plaguicidas obsoletos y demás tópicos de gran importancia que cautivan y sensibilizan.
Les invitamos a compartir con nostros esta visita a Sociedad que Inspira en su tercera publicación y a adquirir un ejemplar en cualquier librería y kiosko del país.

Informe del Alto Comisionado de las NN.UU para los Derechos Humanos en Bolivia.

ESTADO DE ACIERTOS, DESATINOS Y TAREAS PENDIENTES

Comisión de la Verdad, obligación ineludible.

Por Loyda Gorriti

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Dr. Denis Racicot, presentó su Informe 2009, y conversó con Sociedad que INSPIRA, para detallarnos sobre el estado de los derechos humanos en un Estado Boliviano en democracia, con aciertos, desatinos y urgentes tareas pendientes. Surge así aquella obligación inexcusable que abriría posibilidades reales para la conformación de una Comisión de la Verdad en nuestro país.

Los hechos son claros si nos remitimos al estado de los derechos humanos en el país, más aún si nos referimos a la gestión 2008, cuando una ola de violencia nos envolvió y nos sumió en una vorágine de enfrentamientos regionalistas entre oriente y occidente. Este fenómeno puso en evidencia acciones en flagrancia que fueron banalizados mediáticamente, bajo imágenes de exacerbación sistemática de resentimientos, discriminaciones y demás sentimientos de intolerancia.

Con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, el panorama nacional vira y se inicia un periodo de notable estabilidad social. Sin embargo, quedan muchos asuntos pendientes en materia de derechos humanos.

Es, precisamente, cuando detenemos momentáneamente la pluma para meditar, examinar y escudriñar sobre los casos -fundamentalmente graves- de flagrante vulneración de derechos humanos en el pasado. Y nuestra historia reciente nos exige ubicarnos entorno a los sucesos de “octubre negro”.

Esta historia reciente es nuestra historia de hoy, que nos reclama leerla y releerla, para ubicarnos, con la misma convicción, en aquel momento de barbarie dictatorial, e identificar y reconocer las autorías responsables del asesinato y desaparición de Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz y muchas víctimas bolivianas de esa dictadura.

2008 el fenómeno de los grupos de choque

“La NCPE, a nivel formal, lo tiene todo, en cuanto a normas del derecho internacional y de los derechos humanos se refiere. Quizás hay una sola norma que no se encuentra plasmada en la Constitución que tiene que ver con la objeción de conciencia en cuanto al Servicio Militar Obligatorio”.
El 2008 se caracterizó por la permanencia de momentos de violencia interna en el marco de la polarización política entre lo que se denominó ‘fenómeno de los grupos de choque’ practicado en los departamentos, sobre todo en aquellos que constituían la ‘media luna’ y los que pertenecen al occidente. A decir del Dr. Denis Racicot, “este fenómeno desapareció el 2009, no lo hemos visto” aseveró.

2009 el “triunfo de los derechos políticos”

El voto por un texto constitucional, es una manifestación histórica, no solo por ser novedosa la Nueva Constitución Política del Estado, sino más bien “en la forma por la cual está adoptada. Hay que resaltarlo, es un ejercicio democrático muy importante”; constituyéndose en el primero en la historia del país, aprobada con consulta popular y con una respuesta amplia; “eso quizás ayudó, precisamente, al inicio del año para que los espíritus se calmaran un poco, y así hemos transitado hacia las elecciones de final del año. Yo creo que estas elecciones son otro granito en el marco de los derechos políticos”

Con la aplicación del padrón biométrico, el padrón de votantes crece en más del 30% y el hecho que el 94% de los empadronados participen de las elecciones “para nosotros, eso es otro hito. Quizás se ha puesto fin con estas elecciones a una exclusión de una parte grande de votantes” sostiene Racicot.

Criminalización a la discriminación racial

La Nueva Constitución Política del Estado contempla la incorporación de los pueblos indígenas y la población afro descendiente en sus derechos colectivos; sin embargo, Denis Racicot, considera que aún en Bolivia se vive un estado de apartheid social invisible, que no ha llegado al aparato represivo como en África del Sur, que fue el último bastión de la esclavitud.

Según el Informe anual del ACNUDH; a pesar de algunas iniciativas del Gobierno, Bolivia aún no ha adoptado una legislación que criminalice la discriminación racial, como fue sugerido en varias ocasiones desde 1972 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD.)

Casos como el sucedido en Sucre o la confirmación de la Misión de Investigación del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que visitó el Chaco y ratificó la existencia de formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, son muestras de la permanencia de formas de pensar en el colectivo nacional que marcan un enraizado sentimiento de discriminación racial, que no será erradicado solamente con el amparo de la Nueva Constitución Política del Estado.

Es necesario un cambio de actitud individual, a través de nuevos paradigmas de inclusión y tolerancia; acompañado de leyes que penalicen la discriminación racial. “Se podría poner algo en el cuerpo penal, como una ley específica para ese problema específico (la discriminación racial). Tener una herramienta diferente, pero enfocada en esa problemática. Una en la discriminación en todos sus ámbitos, pero en particular la necesidad de tener algo sobre la discriminación racial, con el apoyo en la Constitución, que requiere ir más a fondo, para bloquear en el futuro estas actitudes” insiste Racicot.

Denis Racicot Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, sostiene que su preocupación mayor, en materia de derechos humanos, radica en el estado del sistema judicial. “Porque presentó una acefalia al más alto nivel, además de problemas internos de tráfico de influencias, de retardación, corrupción y falta de independencia, reflejada en la intromisión política potencial”. Justicia Indígena Originaria Campesina

Comunidades y etnias han tenido la capacidad de mantener su orden interno y sus propias maneras de resolver sus conflictos; ahora lo que queda es poner en igualdad la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina. Ver a quién se aplica, bajo qué circunstancias, en qué lugar, sobre qué tipo de delitos y el cómo convive la apelación al interior de ese sistema; definitivamente, se tendrá que discutir mucho alrededor de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Denis Racicot añade, “Algunos dicen que se tiene que respetar el debido proceso. Bueno, el debido proceso entendido en la justicia ordinaria clásica no va ser entendida de la misma forma que en la justicia indígena originaria campesina, pero ¿en qué forma esa justicia respetará los derechos de las víctimas por un lado, de la comunidad por otro lado y de la persona que ha cometido delito? Todo esto está por construirse”.

Casos pendientes

Septiembre y Octubre de 2003, año de mayor número de víctimas de violencia política, registrado en plena era democrática, dejando un saldo de 67 personas muertas y más de 400 heridas. Ahora, a más de un lustro, se tiene un juicio que está en una fase avanzada de audición de testigos y de víctimas, atravesando dificultades como que varios de los acusados salieron del país, “…entonces ahí hay un juicio que posiblemente no alcanzará hasta donde tenía que alcanzar, en términos de concluir con una sentencia “comenta el Dr. Denis Racicot.

Sistema judicial


La falta de celeridad en los juicios es uno de los principales problemas que presenta la justicia ordinaria en nuestro país, tanto en los casos importantes como en los casos comunes de detenidos. “El país ha vuelto a una cifra del 80% de la población en las cárceles esperando su juicio, es mucho, es terrible.” Alarmado afirma el Dr. Racicot.

Otro de los nudos críticos es el tráfico de influencia. “El fenómeno de corrupción por factores económicos, influencias de sectores económicos poderosos, lobbies fuertes, problemas de politización” se ha constituido en el mecanismo institucionalizado del accionar del sistema judicial. En un contexto en el que todo accionar, toda toma de decisión está sujeta a la contienda política, donde rige la ley del más fuerte, del más poderoso, es imperiosa la necesidad de trabajar fuertemente en la independencia judicial.

Es ahí donde las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel importantísimo en generar espacios de reflexión, espacios de debate y de fiscalización democrática. Denis Racicot dice: “lo que puedo observar es que no han parado los niveles de corrupción y de tráfico de influencia. Es un fenómeno de influencia política al que le falta la separación de poderes. Es una gran ocasión, precisamente este año y el próximo, para encontrar al sistema judicial con muchos cambios. Hay un potencial de transformación, pero hay que acompañar el proceso”.

Libertad de expresión

De la misma manera, el periodo 2007 – 2008 se ha caracterizado por una relación áspera entre el poder ejecutivo y la prensa. “En ese marco algunos medios pecaron en fomentar el odio, exacerbando las contradicciones sociales y raciales” comenta Racicot. A partir del 2009 se ha notado un claro interés del ejecutivo de establecer buenas relaciones con la prensa bajando así un poco las tensiones.

Comisión de la Verdad

Se tienen varias experiencias del trabajo de Comisiones de la Verdad en diferentes Estados. Sin embargo, también tenemos hechos como el de Honduras, que luego del último golpe de Estado, e incluso después de las elecciones del nuevo gobierno, se están dando casos de desaparición forzosa de personas y de asesinatos.
“En Honduras, por ejemplo, a pesar de no haberse conformado una Comisión de la Verdad, fue el primer país en ser juzgado por la Corte Interamericana en cuanto a desaparecidos; fue obligado y condenado a pagar un resarcimiento de casi 3 millones de dólares a cada familia, sin embargo, hoy en día hay otros desaparecidos en ese país”.

En el caso de Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue liderada por el Monseñor Juan Gerardi, quien fue asesinado, pero marcó un hito en el informe y dio a conocer cómo los pueblos indígenas habían sido reprimidos y varios pueblos eliminados del mapa.

COMISIONES DE LA VERDAD

Las Comisiones de la Verdad, se establecen por un periodo de tiempo corto, de uno a tres años en promedio, y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos. A algunas se les ha atribuido el poder de citación o el derecho a acceder a oficinas y documentos oficiales sin previo aviso. Otras han tenido que depender de la cooperación voluntaria, no sólo de los funcionarios de alto nivel, sino también de los perpetradores directos, a cambio, a veces, de promesas de confidencialidad.
El propósito de las comisiones de la verdad debe ser comprender los orígenes del conflicto pasado y los factores que permitieron la perpetración de los abusos, y hacerlo de tal manera que ello repercuta en favor de las víctimas y que tome en consideración una amplia gama de perspectivas. (Comisiones de la Verdad: Resumen Esquemático, Priscilla B. Hayner)

Chile, Perú, Haití y El Salvador, entre otros, también establecieron Comisiones de la Verdad. En este marco también se habla de desclasificación de la información y este es un nudo crítico en las investigaciones.

En Bolivia, “las Fuerzas Armadas podrían tomar una iniciativa más clara, con el afán de procurar un real conocimiento de la verdad a la sociedad boliviana. Es una deuda que debe esta institución. Y algunas personas tienen la llave de la verdad en sus manos y saben todavía todos los detalles de lo que ocurrió. En treinta años esas cosas no se borran, como el magnicidio de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Luis Espinal. Las personas que realizaron el nivel operativo todavía están vivas”, asevera Denis Racicot.

A todos los bolivianos nos cabe una gran interrogante, ¿será posible que el señor Luis Arce Gómez, como un gesto de arrepentimiento pero también de entrega de la verdad a la sociedad, explique lo acontecido en esos años dolorosos? “Él sabe perfectamente que las Fuerzas Armadas conservan muchísimas cosas”.

“Las Fuerzas Armadas podrían tomar una iniciativa más clara, con el afán de procurar un mejor conocimiento de la verdad a la sociedad boliviana. Es una deuda que debe esta institución. Y algunas personas tienen la llave de la verdad en sus manos y saben todavía todos los detalles de lo que ocurrió. En treinta años esas cosas no se borran: el magnicidio de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Luis Espinal. Las personas que realizaron el nivel operativo todavía están vivas”, asevera Denis Racicot.Por regla, los archivos se conservan íntegramente, excepto algunos casos que cuando se encuentran ‘apretados’ por un sistema judicial pueden proceder a la destrucción específica de algunas cosas; sin embargo, Racicot menciona que este mismo acto de destrucción también puede ser observado y llevar a conclusiones.

En Bolivia, se están dando las condiciones apropiadas para la implementación de una Comisión de la Verdad, hemos visto a la señora Olga Flores que está empujando por el caso de su hermano, la familia Quiroga Santa Cruz en su momento ha hecho muchos esfuerzos. “Pero es tiempo de movilizarnos. Aquí hay una responsabilidad de Estado que se cometió hace treinta años. Solo dos fueron finalmente juzgados y condenados por el Juicio de Responsabilidades, ¿que se ha hecho? Entonces, tenemos que hacer más”, afirma Denis Racicot.